Por qué la estrategia contra la delincuencia no está funcionando
Hace unos días, el gobierno de Dina Boluarte declaró en Estado de Emergencia a 2 distritos de Lima Metropolitana (San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres) y a un distrito de Piura (Sullana). En consecuencia, se suprimió 4 derechos constitucionales, como el libre tránsito y la reunión, en pro de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos ante el aumento de la delincuencia en los lugares mencionados, y algunos otros sitios donde la inseguridad golpea fuertemente. Aunque es muy poco tiempo para sacar conclusiones ante esta medida y otras que se han implementado recientemente, diversas voces se preguntan si realmente las nuevas reglas de juego funcionan.
Junto con otras gestiones municipales, el alcalde de Lima, Rafael Lopez Aliaga, ha promovido diversas medidas para contener la delincuencia en la zona, como la aprobación por parte del Consejo Municipal de un nuevo tipo penal denominado “terrorismo urbano”. Sin embargo, diversos especialistas cuestionaron la medida por considerarla impracticable. Tal es el caso del exministro del Interior Wilfredo Pedraza, quien dijo que es una forma de confundir a la población. “Propuestas como estas solo tienden a confundir o evitar que se trate el tema de seguridad ciudadana con mayor rigurosidad”, concluyó Pedraza.
Asimismo, el Congreso aprobó el dictamen sobre absolver de toda responsabilidad penal a la persona que haga uso de la fuerza letal aduciendo legítima defensa. La popular iniciativa ha sido cuestionada por diversos especialistas, como Carlos Rivera Paz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL). “El artículo 20 del Código Penal regula las causas que eximen de responsabilidad penal en el uso de la legítima defensa. Qué utilidad tendría colocar eso en una norma si ya está establecido salvo que esté incorporando alguna nueva causal”, manifestó Rivera en conversación con Infobae Perú.
Ante todo ello, las propuestas no parecen ser medidas realmente efectivas para combatir la delincuencia en Lima y el resto del país. Militarizar o armar a la población son medidas popularmente celebradas, pero que tienen un impacto menor en la realidad. Para tener un panorama más claro de la delincuencia en el país, es necesario analizar datos actuales.
Delincuencia en el Perú
Según reportes de la Policía Nacional y de IDL Reporteros, los delitos informáticos a nivel nacional fueron los que presentaron un acelerado aumento de denuncias desde 2019. En el caso de estafas y otros fraudes, las denuncias registradas en el año mencionado fue de 3 mil 099; mientras que para julio del 2023 fue de 12 mil 469. Asimismo, se reportaron 1,246 casos de estafa en el 2019, mientras que el 2023 fue de 7 mil 747. Por otro lado, los homicidios pasaron de 1,315 a 2 mil 474 en el mismo periodo mencionado.
En el mismo documento se menciona que la región con más denuncias, independientemente de su naturaleza delictiva, es Lima con 101 mil 345 denuncias. Dado que Lima Metropolitana es la ciudad más grande, poblada y céntrica del país, los esfuerzos administrativos y gubernamentales son más notorios en esta zona del país.
De acuerdo al último informe Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del periodo entre septiembre de 2022 y febrero de 2023, un 23,2% de jóvenes mayores de 15 años fueron víctimas de algún hecho delictivo, lo que representó un incremento del 0,7% comparando al segundo semestre del año 2022; y un 3,3% con respecto al 2021. El número más bajo se produjo durante la pandemia, entre marzo y agosto de 2021, cuando el porcentaje era de 16,8%.
Lo que no funciona
En una entrevista con Infobae Perú, el general Eduardo Pérez Rocha, ex director de la Policía Nacional (PNP), afirmó que el actual sistema de seguridad ciudadana no funciona. “[...] en el año 2016, cuando estaba de ministro Carlos Basombrío, cambian la Ley 27933. De tal manera que el ministro del Interior deja de estar a cargo del Conasec y este pasa a ser encargado al presidente del Consejo de Ministros. Imagínate, con todas las labores que tienen, las reuniones ya se disminuyen. Ahora, las reuniones ya no son mensuales sino cuatro veces al año, dos de las cuales son descentralizadas”, comentó Pérez.
“A su vez, se supone que el Plan de Seguridad Ciudadana se hacía cada año—el 2011, 2012 y el 2013—. Después, ya no se hizo plan. Entonces, después de reconocer en el 2016 que no hay un Plan de Seguridad Ciudadana, a medio año, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski saca como sombrero de mago una política de gobierno que supuestamente era el plan de seguridad ciudadana para cinco años— 2013 al 2018—; y el 2019 se ha hecho otro igual también para que culmine este año 2023. Lamentablemente, no hay un plan anual, sino son cada cinco años con metas que no se cumplen”, sentenció.
En todo caso, los casos de delincuencia no se solucionan con medidas que agiten la necesidad de justicia por mano propia, sino con inteligencia y una mayor fiscalización por las autoridades. De hecho, según Pérez Rocha, al igual que el abogado Carlos Roda, consideran que el Código Penal sí plantea sentencias duras contra los que delinquen, pero que muchas veces la justicia no actúa de manera oportuna. “Si no se cumplen los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal, la investigación inicial puede ser desvirtuada. Esto puede llevar a la liberación de los acusados, lo cual es criticado por la prensa y ciudadanía, y puede deberse a la falta de interés de la autoridades para asegurarse que se sigan los procedimientos correctamente”, concluyó Pérez.
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