El gran problema de no contar con vicepresidentes

El vicepresidente de la República es más que un cargo protocolar, su función es dar legitimidad al gobernante ante cualquier inconveniente político, social o vital. La Constitución no establece cómo proceder administrativamente ante la ausencia de estos.

​Durante los últimos 6 años, el país ha tenido como presidentes de la República a 2 elegidos en elecciones generales, 2 siendo congresistas y 2 en calidad de vicepresidentes. Estos últimos no solían ser más que un cargo protocolar; sin embargo, en los últimos años se han vuelto algo indispensable en la política nacional, pues la inestabilidad y los vaivenes del poder destierran y colocan a personas impensables en el cargo. La actual mandataria, Dina Boluarte, no cuenta con ningún vicepresidente detrás de ella. Y eso es un gran problema.

Cuando Pedro Pablo Kuczynski llegó al poder en el año 2016 lo hizo acompañado de dos vicepresidentes: Martín Vizcarra y Mercedez Aráoz. El trío llegaba al poder tras derrotar en la segunda vuelta a su contrincante Keiko Fujimori. Sin embargo, Vizcarra y Araóz jamás imaginaron que se convertirían en presidente y una mandataria ilegítima. Luego de la renuncia de PPK, Vizcarra contó con el apoyo de Araóz cuando llegó al poder. Más adelante, tras el cierre del Congreso en 2019, la vicepresidente renunció luego de jurar el cargo frente al parlamento de manera inconstitucional.

Martín Vizcarra se quedó solo, sin bancada y sin acompañante. Eso sería relevante en su caída, luego de su destitución por “incapacidad moral permanente” declarada por el Congreso. De esta manera, un mandatario con cerca del 70% de aprobación popular era vacado por un Congreso completamente impopular. Las calles estallaron.

Manuel Merino, el sucesor del vacado Vizcarra, no tenía descendiente legítimo; Francisco Sagasti, tampoco. Si el Congreso los vacaban o si ellos renunciaban, nadie sabía quién sería el próximo jefe de Gobierno.

En las elecciones del 2021, la plancha presidencial de Perú Libre, con Pedro Castillo como candidato oficial, contaba con Dina Boluarte como primera vicepresidente y a Vladimir Cerrón como segundo. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones descalificó la candidatura de este último por tener una condena por corrupción vinculado a su gestión como gobernador de Junín. De esta manera, Boluarte quedó como la única acompañante de Castillo.

Luego del intento de autogolpe de Estado perpetrado por el chotano, la actual mandataria asume sin ningún respaldo político.

Foto: Infobae.

La Constitución del Perú establece que ante cualquier inconveniente con el Presidente, ya sea por destitución, muerte o renuncia, “asume sus funciones el Primer Vicepresidente. En defecto de este, el Segundo Vicepresidente. Por impedimento de ambos, el Presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el Presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones”. Si bien es cierto que esto fue redactado ante un improbable escenario de profunda crisis política, parece ser que en el Perú es la norma.

Hace unas semanas, estalló una polémica constitucional. La actual mandataria fue autorizada para viajar a Brasil sin dejar encargado a ningún vicepresidente, como manda el artículo 115 de la Constitución, y despachar “remotamente” a través de una ley que envió al Congreso. Diversos especialistas indicaron que esta ley era manifiestamente inconstitucional. “Eso tiene que ir con una reforma constitucional. Tenemos una situación de vacío que la Constitución no ha contemplado, pero eso no implica que estemos ante una norma de desarrollo constitucional”, dijo la exmagistrada del Tribunal Constitucional (TC) Marianella Ledesma.

El hecho de que no contar con sucesor legítimo, y violar las normas vigentes, solo crea más inestabilidad política y social, pues no se sabe cuánto durará la actual gestión, ni quién será el próximo jefe y qué políticas públicas implementaría. Sin una idiosincrasia clara de sucesores el país cae en la incertidumbre.

“Mientras que la sustitución de un presidente por otro puede ofrecer una salida satisfactoria a la crisis cuando se muere un presidente, o la crisis se torna contra el presidente de manera personal, los desafíos son mayores cuando es la conducción política y económica del gobierno la que causa la crisis presidencial. En estos casos la crisis demanda una renovación más amplia que sólo la silla presidencial, y las demandas populares casi siempre implican cambios políticos y ‘que se vayan todos’ los actores políticos”, dice el politólogo Leiv Marsteintredet.

Siguiendo esa línea, Leiv se pregunta: ¿cómo se puede asegurar que la sustitución de un presidente por otro resolverá la crisis causante de la caída del anterior?

La estabilidad requiere legitimidad política. Tal vez el mayor problema no es que la población confíe menos en sus políticos, sino que empieza a extenderse la creencia de que ellos no sirven para nada. Si eso se hace unánime, la democracia ya no tiene ningún sentido.